Cesan a profesora sorda con cinco años de experiencia: Un caso que pone en jaque la inclusión laboral
El sistema educativo español se enfrenta a un nuevo desafío. En un giro inesperado, Laura Cánovas, una maestra con cinco años de experiencia y que aprobó su oposición en el turno de discapacidad, ha sido cesada por la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado del Gobierno de Canarias, tras ser declarada «no apta» debido a su sordera. Este caso, que ha generado un gran revuelo, pone de manifiesto la importancia de la inclusión laboral y el cumplimiento de la legislación vigente. Pero, ¿qué hay detrás de esta decisión y qué implicaciones tiene para el futuro?
Un cese que contradice años de desempeño ejemplar
La historia de Laura Cánovas es la de una lucha constante por la igualdad de oportunidades. Tras aprobar la oposición en 2019, ejerció como maestra especialista en Educación Especial sin queja alguna hasta el 27 de noviembre de 2024, fecha en la que recibió la notificación de su cese. La razón: un informe de la Comisión de Evaluación Médica que la consideró «no apta» para el puesto.
Cronología del conflicto:
- 2019: Obtiene plaza tras aprobar concurso-oposición en turno de discapacidad.
- 2020-2024: Ejerce como maestra sin partes negativos ni quejas formales.
- 27-11-2024: Comisión Médica la declara “no apta”; se produce el cese.
- 05-12-2024: Presenta recurso de reposición solicitando revocación y ajustes razonables.
Esta decisión ha generado indignación entre diversas organizaciones de discapacidad, que denuncian la vulneración de la normativa que obliga a ofrecer ajustes razonables antes de excluir a una persona del empleo público. La propia Laura Cánovas clama por que se cumpla la ley y se valore su capacidad real, haciendo hincapié en su experiencia y habilidades.
La legislación que ampara la inclusión
España, al ratificar la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se comprometió a garantizar la accesibilidad y la adaptación del puesto de trabajo. Además, el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley General de Discapacidad refuerzan este derecho.
Normativa clave:
- Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
- Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social
- Estatuto Básico del Empleado Público (art. 49 y 45)
- Directiva Europea 2000/78/CE sobre igualdad en el empleo
Organizaciones como CNSE, Fasican, Asorte y Cermi sostienen que en el caso de Laura Cánovas no se han aplicado estos ajustes, calificando la medida de «discriminatoria».
Pasos para defender los derechos laborales
Ante esta situación, Laura Cánovas ha presentado un recurso de reposición. Si te encuentras en una situación similar, estos son los pasos a seguir:
- Interponer el recurso ante la consejería competente en un plazo máximo de un mes desde la notificación del cese.
- Aportar informes que prueben la capacidad para el puesto y las ayudas técnicas factibles.
- Solicitar medidas cautelares para seguir en el puesto mientras se resuelve el expediente.
- Recabar apoyos de sindicatos y asociaciones de discapacidad.
- Acudir a la vía contencioso-administrativa si el recurso es desestimado.
Además, se están elevando quejas ante el Defensor del Pueblo y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Un precedente preocupante para la comunidad educativa
El cese de Laura Cánovas envía un mensaje desalentador al colectivo docente con discapacidad. La falta de aplicación de ajustes razonables y la valoración negativa de la capacidad de una persona por su discapacidad, pone en riesgo el futuro de las oposiciones y la confianza de las personas con discapacidad que aspiran a servir en la escuela pública. Las organizaciones demandan formación para los equipos de valoración médica y la dotación de recursos, desde bucles magnéticos hasta intérpretes de lengua de signos, para garantizar la inclusión real.
Conclusión
El caso de Laura Cánovas es un claro ejemplo de la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades y el cumplimiento de la ley en el ámbito laboral. La resolución de este conflicto marcará el rumbo de futuras convocatorias y la confianza de las personas con discapacidad. Es fundamental que se apliquen los ajustes razonables, se valore la experiencia y capacidad de cada persona, y se promueva una sociedad más inclusiva.